El conflicto socioambiental del siglo: la minería / Juan Diego Valdivieso Rowland
Sin lugar a duda el conflicto socioambiental más importante que le tocará padecer al Ecuador durante los próximos años es la explotación minera a gran escala (industrial). Esto, con el antecedente de que el pasado 18 de julio se inauguró la producción del primer proyecto de minería a gran escala: Mirador, en Zamora Chinchipe. Este proyecto es operado por la empresa Ecuacorriente S.A. (ECSA), subsidiaria de un consorcio chino. Según Infobae, la mina tiene reservas de 3,18 millones de toneladas de cobre, 3,39 millones de onzas de oro y 27,11 millones de onzas de plata.
A lo largo y ancho de la geografía nacional ya existen micro conflictos locales que oponen a los defensores de la minería (gobierno nacional, algunos gobiernos seccionales y empresas concesionarias) contra los habitantes de las áreas de influencia, activistas y defensores del medio ambiente y el agua, así como ciertas autoridades locales -como el caso del prefecto de Azuay, Yaku Pérez-. Es en medio de este tenso ambiente que el gobierno nacional pretende desarrollar 11 proyectos estratégicos y de segunda generación. Algunos de estos son Fruta del Norte -también en Zamora Chinchipe-; Cascabel y Llurimagua en Imbabura; y Loma Larga y Río Blanco en Azuay. En este último existe el precedente del dictamen judicial que en agosto de 2018 determinó que se vulneró el derecho a la consulta previa, libre e informada de Molleturo. En teoría las operaciones debían detenerse, cosa que no sucedió.
El sábado 20 de julio, un grupo de personas opuestas a la minería en Río Blanco, atacaron a un patrullero policial, destrozando al vehículo e hiriendo a un policía. La ministra del Interior, María Paula Romo, condenó estos hechos. Por su lado, el prefecto del Azuay acudirá a la Corte Constitucional para plantear una consulta popular provincial para declarar a Azuay territorio libre de explotación minera en todas sus fases. Azuay, ¿bastión anti minero a replicar? Todo indica que sí. (O)
