El delito de usar máscaras / Luis Fernando Torres

En 18 estados de USA es un delito el uso de máscaras que impidan la identificación facial de las personas, inclusive si solamente cubren la boca y la nariz, como ocurre con las llamadas mascarillas. Por ello, los gobernadores de esos estados han emitido órdenes de emergencia para que los ciudadanos puedan usar mascarillas, sin infringir la ley, durante la pandemia.

Por no tener los ciudadanos el derecho a infectar a otros, el gobernador de Nueva York ha justificado su decisión de permitir el uso de protectores faciales. Sin embargo, ese razonamiento, aparentemente tan lógico, es débil frente al argumento de que ningún ciudadano tiene el derecho a determinar que otro está infectado de coronavirus.

En esas circunstancias, el poder decisorio final se queda, lamentablemente, en el ámbito de las autoridades, privándoseles a los ciudadanos de ejercer plenamente sus derechos para mantener su buena salud y evitar los contagios. Tan descomunal es el nivel de intervencionismo estatal desarrollado en menos de dos meses de pandemia en USA que, en Colorado, fueron sancionados los padres de unos niños por haber estado cerca entre ellos, a una distancia menor de la permitida, en un espacio público.

Se consagró como delito el uso de máscaras y mascarillas en esos 18 estados americanos para evitar que los miembros del KKK (Ku Klus Klan) ocultaran su identidad y otros ciudadanos protegidos facialmente provocaran incertidumbre en espacios públicos durante pacíficas protestas callejeras y audiencias en juzgados. Resultaba inconcebible que alguien pudiera intervenir, como testigo o acusado, cubierto una parte de su rostro, en una audiencia judicial.

Detrás de las mascarillas se esconden, ahora, rostros de personas que no quieren ser contagiadas ni contagiar. Si bien no existe obligación legal de usarla en Ecuador, los ciudadanos han aceptado la conveniencia de llevarla en lugares públicos. Ello demuestra el buen comportamiento ciudadano.

Las ordenanzas con las que los municipios están obligando al uso de mascarillas son inconstitucionales. Los derechos únicamente pueden ser restringidos mediante leyes orgánicas. La orden de usarlas restringe varios derechos individuales, entre ellos, al libre desarrollo de la personalidad, a la identidad e, inclusive, a la salud, dado que una mascarilla de mala calidad puede afectar la capacidad respiratoria de la gente que la usa.

En el Ecuador no es delito el uso de mascarillas. Cualquiera se las puede colocar sobre su rostro. Por ello, no hizo falta que se aprobaran ordenanzas municipales ni resoluciones administrativas para que los ciudadanos las usaran. Sin embargo, los delincuentes están aprovechando el libre uso de ellas para ocultar su identidad cuando cometen delitos.

El gran debate ahora gira alrededor del gran poder que han adquirido las autoridades públicas para determinar los comportamientos de las personas, interfiriendo, inclusive, en sus vidas privadas, frente a las libertades individuales para trabajar, decidir como cuidarse de los posibles contagios, moverse, reunirse y vivir.

Ojalá después de la pandemia los ciudadanos no constaten que han perdido una buena porción de sus libertades individuales, entre ellas, la de usar o no mascarillas. (O)