EL GRITO A VUELTA DE LA ESQUINA / Guillermo Tapia Nicola

«Un arma en manos de un hombre malo es algo muy peligroso. Un arma en manos de una buena persona no es peligrosa para nadie. Excepto para un hombre malo».

El debate nacional, ha tomado nuevo giro. 

Una vez cumplida la exigencia de algunas o de muchas voces que, durante los últimos doce o más años, han venido clamando porque se derogue un decreto ejecutivo -expedido en aquellos tiempos de ingrata recordación- que dejó virtualmente en cero la aplicación normativa constitucional y legal de la tenencia y porte de armas de las personas civiles, regulada por la Ley de Control de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios» (DS 311 de 07-nov.-1980 cuya última modificación es 22-ago.-2022); y hasta me atrevería a decir, coincidentemente de la expedición de la tan cuestionada «tabla de drogas» y de la eliminación del control de tráfico aéreo que se cumplía desde la base de Manta, entre otros asuntos de conocimiento público. 

Hoy, a contados días de que se ha tomado la decisión de rehabilitar esa tenencia y regulación de porte en referencia, se abre el cuestionamiento por parte de otro grupo ciudadano que cree en el enaltecimiento de los derechos humanos de los victimarios, olvidándose del que, suponemos, asiste o debería, a las víctimas; tanto que no se repara ni tan siquiera en la noticia crimini, que da cuenta de esos diarios, alevosos y frecuentes acontecimientos delictivos. 

Gracias a la política de prohibición del año 2011, solo los delincuentes tienen armas y de todo calibre. Los ciudadanos no tenemos sino oraciones y encomiendas a Dios y, las instituciones, desesperación por estar atadas de pies y manos por leyes perversas.

Robos, asaltos, secuestros y sicariatos, son pan del día. No obstante, algunos están convencidos -seguramente- que es mejor seguir inmersos en este estado de narco delincuencia, aupado y facilitado con medidas permisivas y cómplices como las adoptadas tiempo atrás, mirando impasibles los acontecimientos, con tal de reivindicar falsas teorías y hechos políticos, para pretender reeditar «glorias pasadas» marcadas, esas si, por la vergüenza, el abuso y la temeridad.

Mientras tanto, los bienes de las personas, expuestos al quebranto. El más importante, el derecho a la vida, pendiendo de un hilo, por no decir de un tiro, de aquellas armas de tenencia ilícita, no regulada, en manos de un delincuente que vive de la zozobra de los demás y de la apropiación ilegítima del fruto del trabajo digno de la gente buena.

Es momento de poner un basta a las amenazas de los que «a pertrechados» en el poder de la ignominia, nos quieren arrastrar al estado de postración, silencio y sumisión incomprensible del espíritu. No podemos dejar que se conculque nuestra libertad de pensamiento, de palabra, acción y recuperación de valores cívicos, éticos y morales; como tampoco, la posibilidad de defender nuestros bienes y a nuestras familias, amigos y congéneres, con la razón y la fuerza, cuando se suceden esos reprochables actos de violencia física, por parte de delincuentes cuya existencia pulula entre la cárcel y la medida extraordinaria de protección. 

El acceso civil a la tenencia y porte de armas no puede ni debe ser entendido como un juego, sino como lo que en realidad es y representa, una posibilidad, una instancia clara y regulada de disuasión y defensa de la gente buena en salvaguarda de su vida y de sus bienes; y, simultáneamente, una llamada de advertencia, de atención y una señal de freno a la delincuencia.

Dejarles saber que sus acciones tendrán -ahora sí- una consecuencia, una acción disuasiva y reactiva efectiva, realista y urgente. ¡No más gritos a la vuelta de la esquina! ¡No más silencios forzados!