El TCE ratifica sanción en contra de Abad
El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ratificó la sanción que inhabilita políticamente a Mónica Abad durante dos años, luego de que ella interpusiera una demanda en contra del presidente Daniel Noboa y varios miembros de su gobierno, acusándolos de violencia política de género.
Esta decisión ha generado una ola de reacciones tanto dentro como fuera del país, pues plantea serias dudas sobre el proceso judicial y las implicaciones de la medida en la actual estructura política del país.
El fallo del TCE, que valida la pérdida de derechos políticos de Abad, la sancionaría por un período de dos años. Sin embargo, la exfuncionaria argumentó que la inhabilitación debió haberse llevado a cabo conforme al debido proceso, es decir, a través de la Asamblea Nacional, y no por medio de una resolución judicial. Este punto ha generado una gran controversia, pues la justicia ecuatoriana, en principio, debe ser garantizada a través de un procedimiento que respete las normas constitucionales. La pregunta sobre si el TCE tenía o no la autoridad para tomar una decisión de tal envergadura ha quedado en el centro del debate público.
En este contexto, resulta relevante la postura adoptada por la bancada correísta, que ha expresado su total respaldo hacia Mónica Abad. Sin embargo, esto no es algo que deba tomarse a la ligera. ¿Por qué el correísmo apoya de manera tan ferviente a Abad? En las últimas semanas, han circulado filtraciones de conversaciones en las que Abad aparece como la persona encargada de incluir a un correísta en la lista de delegados del Ejecutivo para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Este hecho da pie a la siguiente duda: ¿está el correísmo apoyando a Abad por motivos puramente ideológicos o existe un interés político detrás de este respaldo?
Estas filtraciones dejan entrever un panorama político complejo, en el que las sanciones judiciales, las alianzas partidistas y los intereses personales pueden jugar un papel mucho más importante de lo que parece.
Este escenario subraya la necesidad urgente de que Ecuador cuente con gobernantes que antepongan los intereses del pueblo por encima de las luchas internas del poder.
Es fundamental que las instituciones ecuatorianas, como el TCE, actúen con total transparencia y apego a la ley. Solo de esta forma se podrá garantizar que el proceso judicial sea justo, y que los ciudadanos, independientemente de sus ideologías, puedan confiar en un sistema judicial imparcial.
En este momento crucial, Ecuador necesita más que nunca un liderazgo capaz de superar los conflictos partidistas y trabajar por el bienestar de todos los ecuatorianos, sin caer en la tentación de utilizar la justicia como una herramienta para fines políticos. (O)
