Estado indolente con los más pobres
Hace dos años, un fallo en el sistema de alivio durante el proceso de reversión de crudo liviano y empaquetamiento de línea desde un buque en el Terminal de Esmeraldas provocó un derrame de crudo que afectó la playa Las Palmas. La semana pasada, otro derrame se sumó a los tres anteriores, agravando la crisis en la región. En total, más de 5.000 familias han sido afectadas tras la rotura del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE). Estos hechos no son meras coincidencias ni desastres naturales inevitables; evidencian la negligencia del Estado y su incapacidad para proteger a los más vulnerables.
Esmeraldas ha alcanzado niveles alarmantes de violencia. En 2022, cerró con una tasa de 139,07 homicidios por cada 100.000 habitantes. Niños y adolescentes son reclutados por Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) ante la falta de oportunidades. Los actos terroristas en la frontera de San Lorenzo, vinculados al narcotráfico, han forzado el desplazamiento de miles de familias, sumiéndolas en el abandono y la incertidumbre.
El papel del Estado debería ser garantizar condiciones dignas para todos sus ciudadanos, sin embargo, en la realidad, comunidades como los afrodescendientes siguen siendo las más olvidadas, víctimas de políticas ineficaces y de una burocracia indiferente.
El acceso a la salud, la educación y la vivienda sigue siendo un privilegio para unos pocos en lugar de un derecho universal. Los programas de asistencia social, cuando existen, suelen ser insuficientes, mal administrados o utilizados con fines políticos, en lugar de responder a una verdadera necesidad de justicia social. La indolencia del Estado no solo se evidencia en la falta de recursos destinados a los más vulnerables, sino también en la indiferencia ante las problemáticas que afectan a estas comunidades racializadas.
Es urgente un cambio en la gestión pública que coloque a las personas en el centro de las decisiones y no como simples cifras en estadísticas. La equidad no es una concesión, sino una responsabilidad de quienes gobiernan. La lucha contra la pobreza no debe ser un eslogan de campaña, sino una prioridad constante para construir una sociedad más justa y humana.
El Estado tiene una deuda histórica con los afrodescendientes. No puede seguir siendo indiferente a su sufrimiento. Es momento de que se implemente una verdadera política de inclusión que garantice acceso real a oportunidades, donde la justicia social no sea una promesa vacía y donde cada ciudadano tenga la posibilidad de vivir con dignidad. Por ello, recientemente, diversas organizaciones sociales entregamos al Ministerio de Gobierno una propuesta para la creación de una Secretaría o Unidad Técnica de Gestión y Desarrollo enfocada en la reparación, mediación y compensación del daño histórico causado a los afroecuatorianos. Esta entidad deberá promover la eficiencia, transparencia y modernización en la administración gubernamental, fortaleciendo la coordinación entre instituciones y garantizando políticas afirmativas que corrijan las desigualdades estructuralesEl tiempo de la indiferencia ha terminado. Es hora de que el Estado actúe con compromiso y responsabilidad hacia quienes más lo necesitan. (O)
