Fondo de Pensiones / Editorial
La Contraloría General del Estado se ha comprometido a realizar una auditoría profunda, seria y honesta sobre la totalidad de la estructura financiera, económica, médica, de recursos humanos, de construcciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para cuyo trabajo tiene un equipo capaz y suficiente de auditores. Además, ha formado un grupo selecto de Veedores para que ayuden en la tarea fiscalizadora, que debió hacerse tiempo atrás.
Por muchos años, por disposición legal y constitucional, los gobiernos estaban obligados a pagar el cuarenta por ciento de las pensiones jubilares. Mas, al gobierno de la revolución ciudadana, se le ocurrió suprimir este aporte obligatorio a miles de jubilados con argumentos sin fundamento legal, con la finalidad de disponer de mayores recursos para usurparlos en su beneficio. Se sostiene que el monto de este perjuicio supera los tres mil millones de dólares.
La Corte Constitucional, hace pocas semanas, dictaminó que era inconstitucional aquella malhadada resolución correísta y dispuso que, a partir del próximo enero, el Gobierno haga constar en el Presupuesto los valores correspondientes para pagarlos a los beneficiarios. No ha analizado los valores usurpados durante estos años a los jubilados, ocasionándoles perjuicios irreparables Lo preocupante es la tardanza de dos años para resolver este problema social.
De los resultados de esta auditoría deben aparecer todos los responsables de las anomalías y atracos producidos en el IESS. Los Directores generales y sus compinches deben responder en forma administrativa, económica y penal, al igual que los gobernantes del más alto nivel. (O)
