Gobierno busca el aval de la Procuraduría
La vicepresidenta y también embajadora en Israel, Verónica Abad, debía trasladarse a Turquía hasta el pasado 1 de septiembre. Cuatro días después, mientras eso no se había cumplido, el secretario de Integridad Pública, José Neira, pidió un pronunciamiento ‘clave’ a la Procuraduría.
El pasado 5 de septiembre, Neira consultó a la entidad sobre si un funcionario destituido por abandono del cargo, a través de un sumario administrativo, podría continuar ejerciendo «otro cargo público» o si se encontraría inhabilitado para hacerlo.
Sin embargo, nunca menciona que ese funcionario destituido sería la Vicepresidenta de la República, para quien aplican las mismas seis causales de cese de funciones que para el presidente Daniel Noboa, estipuladas en la Constitución.
El pasado 11 de septiembre, el procurador Juan Carlos Larrea respondió la consulta del Ejecutivo con lo ya establecido en la legislación vigente:
«Un servidor público que, luego del correspondiente sumario administrativo, hubiera sido destituido por abandono injustificado del trabajo por tres o más días laborables consecutivos, se encuentra inhabilitado para continuar ejerciendo otro cargo público por un período de dos años contados a partir de la fecha de su destitución». (I)
