Impacto 526 / Fabricio Dávila Espinoza
La Policía Judicial, la madrugada del jueves 21 de diciembre de 2018, después de dos meses de trabajo previo, realizó varios allanamientos. Este operativo recibió como nombre Impacto 526. El resultado fue la detención de varios funcionarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como sospechosos de falsificar documentos públicos para obtener carné de discapacidad.
En aquella ocasión, el Juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales con competencia en delitos flagrantes del Guayas, Ab. José Torres López, sólo dictaminó medidas sustitutivas a la prisión preventiva de los implicados.
Al parecer, no se trataba solo de presunciones, sin embargo, las autoridades competentes no fueron oportunas a la hora de frenar la emisión de un documento que debería estar reservado a los ciudadanos que, con aval del Estado, tienen algún tipo de discapacidad. En el Ecuador, la entidad encargada de emitir esta credencial es el Ministerio de Salud Pública, que suma un escándalo más, cuando la Policía anuncia que está desarrollando una nueva investigación destinada a descubrir la red delictiva que se dedica a la venta del carné de discapacidad. Según el reporte oficial, seis personas fueron detenidas con fines investigativos.
Los primeros indicios dan cuenta que se cobraba hasta 1300 dólares por cada carné, claro está, cuando los interesados no cumplen todos los requisitos. La “inversión” resulta rentable para los compradores de discapacidades. De acuerdo a las leyes ecuatorianas el beneficio para los portadores del documento es directo en la importación de vehículos y en el pago de aranceles. Como negar la rentabilidad de conseguir ilegalmente una credencial que trae como beneficio importaciones de autos de lujo a bajos precios.
En este nuevo perjuicio contra el Estado aparecen reconocidas figuras públicas, presuntamente, implicadas. El escándalo estalló a partir del caso de Daniel Salcedo, involucrado en actos de corrupción, junto con la familia Bucaram, que habría intentado importar un vehículo de alta gama con un falso carné de discapacidad. Ahora, el lodo salpica a asambleístas, faranduleros y funcionarios del gobierno a escala nacional y local. También a un exgobernador de Tungurahua.
En un tiempo en el que la discapacidad física o intelectual de muchas personas empieza a ponerse en duda, hay algo que en el Ecuador está totalmente probado y se llama discapacidad ética. (O)
