Imputabilidad penal

Uno de los debates políticos del momento está centrado en la imputabilidad de los menores de edad. Hay quienes quieren reducirla a los 12 años. Las organizaciones delictivas estarían reclutando niños para transformarlos en delincuentes o vendedores de drogas. Esta discusión sugiere una sola cosa: hemos fallado como sociedad ecuatoriana.

Un hecho no menor es que, una de sus más recientes publicaciones, la Revista 1843 del prestigioso semanario político The Economis, enfocado en asuntos internacionales, da la bienvenida al Ecuador en la lista de narcoestados a escala global. La revista británica examina el efecto devastador del tráfico de drogas, indagando en cómo el crecimiento del sector de la cocaína ha modificado el escenario social, político y económico de nuestro país, alguna vez, territorio de paz.

Pese a los esfuerzos gubernamentales para reducir el impacto de este reportaje internacional, es difícil tapar el sol con un dedo, en particular cuando este fenómeno no surgió con la llegada a la presidencia de Daniel Novoa. La aparición del narcoestado en Ecuador tuvo lugar hace mucho, a vista y paciencia de los gobiernos de turno.

Respecto a reducir la imputabilidad penal a 12 años, la legislación internacional sugiere que la edad sea la más alta posible, estableciendo un mínimo de 14 años como límite. En Europa, la mayoría de las naciones establecen que se puede presentar una acusación penal a los 14 años, aunque en algunas circunstancias puede alcanzar los 15. En Latinoamérica, el margen de imputabilidad fluctúa entre 12 y 16 años, con una media de 13 años.

El pasado 20 de noviembre, se aprobó el informe para segundo y definitivo debate del proyecto de Código Orgánico de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes. El objetivo es juzgar como adultos a los menores que cometan crímenes contra la vida: homicidios o sicariatos. El Legislativo tiene la obligación de tomar la resolución definitiva. Aún no se ha establecido la fecha de la sesión del pleno y se prevé que la votación sea extremadamente disputada.

Es inútil debatir sobre la imputabilidad de los niños, si antes no se asigna más recursos y mejores políticas públicas a esta franja etaria tan desfavorecida en la mayoría de provincias del Ecuador. Los niños, cuando son promovidos en su condición de personas en etapa de crecimiento, van a la escuela, no a los grupos delictivos.