Incendio provocado / Fabricio Dávila Espinoza
El 12 de octubre de 2019, en medio de las violentas manifestaciones contra el gobierno, un grupo de vándalos irrumpió en la sede de la Contraloría General del Estado de Quito, incendiando el edificio, destruyendo parte del mobiliario y desapareciendo documentos de forma selectiva. Pasado el tiempo, todo indican que el hecho no fue casual.
Pablo Celi, contralor subrogante, detenido a causa de un presunto caso de corrupción que involucra a Petroecuador, en el que se exigía sobornos a contratistas a cambio de pagos atrasados y desvanecimiento de glosas, aseguró que el atentado fue una conspiración planificada para destruir archivos de interés nacional. Pero, a su criterio, no había de qué preocuparse, porque toda la documentación incinerada estaba contaba con respaldos de archivos digitales. Ahora se conoce que esta afirmación está lejos de ser cierta, cuando la reemplazante actual de Celi, Valentina Zárate, afirma que la Contraloría no guarda archivos digitales de los años previos al 2015. El objetivo incendiario de los pirómanos resulta cada día más evidente.
Las glosas que desaparecieron por orden la propia Contraloría, del período 2007-2021, suman 844,8 millones de dólares. Así lo indicó, Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. En total, se habría desvanecido alrededor de 4.170 documentos con sospechas de corrupción de funcionarios, que corresponderían a 666 millones de dólares perdidos mágicamente en 19 empresas públicas. La más perjudicada sería Petroecuador, donde aparentemente desaparecieron 122 millones entre los años 2009 y 2018. El resto afecta a otras entidades, especialmente, del sector eléctrico y del área de la salud.
Pero no es todo. El mismo período, 2007-2021, generó 3.205 exámenes especiales con indicios de responsabilidad penal, que sobre todo involucra a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y otras instituciones del Estado, como la Comisión de Tránsito de Guayas, la Corporación Aduanera Ecuatoriana, el Banco Nacional de Fomento y Petroecuador, nuevamente. El perjuicio para el país sería escandaloso y más ahora que no hay recursos para gastos e inversiones prioritarias.
El detalle del posible atentado contra los bienes del Estado reposa en las manos de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. El incendio de la Contraloría, sería una acción planificada por una estructura criminal encargada de desaparecer documentos esenciales para truncar las investigaciones. Los incendiarios borraron información de las glosas tramitadas hasta antes del año 2015 y tal vez la oportunidad de conocer uno de los esquemas de corrupción mejor diseñado que se recuerde en el país. (O)
