Incendio social en Lima, Londres y París/Luis Fernando Torres
Con 50 muertos, Perú se hunde en la protesta social y Lima, su próspera capital, languidece entre paralizaciones de vías y violencia urbana. En ultramar, Londres se queda sin profesores y médicos por la protesta de las sindicatos, e Inglaterra es testigo de la fractura social por la inflación y los coletazos del Brexit. A la ciudad de la luz, París, le ocurre algo similar que a Londres, con la huelga general en contra de la reforma del sistema de pensiones, y una Francia asediada por el avance de la migración islamista.
Ecuador se incendió con la protesta social de junio del 2022, tres años después del levantamiento indígena de octubre de 2019. Tanto la protesta del 2022 como la del 2019 terminaron con algunas concesiones a las organizaciones que lideraron los reclamos y daños irreparables al tejido productivo. Lo que cuenta es que, al final, terminaron y el país recuperó el camino de la paz social.
En el Perú, la protesta social se ha prolongado más tiempo de lo previsto. Llevan casi un mes en pie de guerra los fanáticos del expresidente Castillo, encarcelado por sedicioso. La protesta anterior ocurrió en el país del sur el año 2020. Parecería que la constante es que cada tres años Perú se paraliza por algún conflicto político y social, al igual que en el Ecuador.
Las paralizaciones en Inglaterra y Francia no son tan largas como las de los países latinoamericanos, pero sí más intensas. Los franceses se oponen que la edad mínima de jubilación suba a los 63 años y a 43 años de cotizaciones. Los ingleses se quejan que los sueldos no les alcanzan con una inflación del 10% anual. Luego de unos pocos días sin trenes, metro, clases y atención hospitalaria, la vida urbana volverá a la normalidad. En Latinoamérica las protestas duran más tiempo y su nivel de violencia se aviva con la infiltración de grupos delincuenciales. En abril de 2021 Colombia pasó por una experiencia más dura de aquella por la que pasamos los ecuatorianos el 2019 y el 2022 y los peruanos el 2020 y el 2023.
A medida que se sigan deteriorando los ingresos de los estratos medios y bajos y vastos sectores se sientan excluidos, las protestas deberán estar previstas en las agendas ciudadanas, con la única certeza que, en la región andina, ocurren, generalmente, cada tres años.