Justicia Digital / Andrés F. Jaramillo Torres
La crisis sanitaria a raíz de la expansión mundial del Covid 19, desde hace más de un año, ha significado que el Estado se vea obligado a modernizar algunos aspectos del sistema de administración de justicia. La función judicial no puede justificarse en la crisis sanitaria para dejar de ser oportuna y no resolver las contiendas dentro de plazos razonables. Por ello, se ha vuelto una necesidad ineludible el uso de la tecnología para mantener en funcionamiento el sistema de justicia.
No hay duda de que la crisis sanitaria nos acompañará durante un tiempo indefinido. Ante el aumento masivo de contagios del último mes, no queda otra opción que precautelar la salud de jueces, fiscales, abogados, testigos, peritos, y todos quienes intervienen en los procesos judiciales que, sin lugar a duda, no se pueden paralizar. Uno de los métodos más idóneos para mantener la salud de los intervinientes es el uso de audiencias telemáticas, que permiten la resolución de controversias sin necesidad de exponerse a la latente posibilidad de contagiarse del virus en los diferentes complejos judiciales.
Pese al beneficio antes mencionado, también es necesario reconocer que existen algunas dificultades de la justicia digital. Un sector importante de la población ecuatoriana no tiene buena conectividad a internet, o simplemente no lo tiene, situación que genera dificultades de acceso a las plataformas, lo que imposibilita que, en ciertos casos, una audiencia se pueda llevar a cabo telemáticamente con normalidad. Ante esta situación, es indispensable que las personas que intervienen en el proceso tengan la diligencia suficiente para conseguir una buena conectividad a internet durante ese día, y únicamente si no lo logran, como mecanismo residual, deberían solicitar una comparecencia física.
No cabe duda de que la justicia digital ha llegado para quedarse permanentemente. Durante la crisis, este tipo de audiencias, por sentido de responsabilidad, debe convertirse en la regla general, salvo casos muy particulares que, por la complejidad de la actividad probatoria, requieran comparecencias físicas. Se espera que poco a poco la administración de justicia perfeccione el sistema telemático, que lejos de ser un mecanismo improvisado, debe convertirse en una nueva realidad procesal. (O)
