Justicia lenta / Editorial

 

 

  La Justicia, en todos los países civilizados y democráticos de verdad,  es el Estamento fundamental y esencial para la existencia de los Estados, sin el cual ninguno podría subsistir y menos ejercer sus tareas administrativas, económicas y sociales, aunque existieran las otras Funciones Ejecutiva, Legislativa y Electoral.

  De este antecedente expuesto, se desprende la importancia y la trascendencia de la Función Judicial en la vida de los pueblos. Cuando los encargados de  administrar justicia demuestran capacidad, honestidad, sujeción a las normas legales, sin interpretaciones sesgadas o mal intencionadas, la gente se siente segura como persona y la sociedad, en su conjunto, confía que el bien común tiene vigencia en beneficio de todos, sin exclusiones ni discriminaciones.

  Al contrario, cuando la aplicación de la Ley surge de la arbitrariedad, del prejuicio o de la ignorancia, la Comunidad toda exterioriza su rechazo, aunque en la práctica no tenga repercusión, porque se conoce que dependen todos los que actúan en hacer justicia, de un manda más encubierto.

  La Justicia es lenta, sea por la maraña de leyes y reglamentos, sea por la posición de sus administradores.  Principalmente, en los casos de connotación nacional como peculado, enriquecimiento ilícito, asociación para delinquir, atentados a los derechos humanos, concusión y crímenes de Estado, la Justicia es muy lenta. En estos días observamos esta realidad con preocupación.

  Es aspiración legítima de los ecuatorianos que estos casos -que han escandalizado al país y al mundo- merezcan un tratamiento más ágil para que lleguen al final justo, con sanciones si fuere del caso o con exculpaciones. (O)