La base de manta / Gabriel Morales Villagómez
En 1998, el Ecuador vivía una crisis económica galopante, los precios del petróleo oscilaban entre 7 y 16 dólares por barril. El sucre, que era la moneda de curso legal, se devaluaba todos los días y como si fuera poco, había la amenaza constante de que el Perú al mando del dictador Alberto Fujimori, en cualquier momento entre en una nueva conflagración bélica en contra del Ecuador.
La amenaza de una guerra era constante y el país no podía invertir en armamento para la defensa nacional, por falta de recursos económicos. No obstante de que se negociaba la paz con el Perú existía el resquemor de que, en caso de que fracasen las negociaciones, nos veamos nuevamente expuestos a una guerra de impredecibles consecuencias.
En ese contexto y como para que exista alguna disuasión, se aceptó la presencia de una base norteamericana en Manta, tomando en cuenta que los Estados Unidos era uno de los garantes del Protocolo de Rio de Janeiro.
Así, el entonces presidente de la República, Jamil Mahuad cedió al gobierno estadounidense el control de las instalaciones aéreas militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en Manta. Militares norteamericanos se instalaron en lo que durante diez años se convirtió en un enclave militar extranjero, destinado al control del narcotráfico y a la detección de barcos piratas con emigrantes clandestinos.
Se decía además que desde la base de Manta (FOL) se operaba militarmente para combatir a los grupos irregulares colombianos dentro del “Plan Colombia”.
El gobierno norteamericano realizó en la base importantes adecuaciones físicas, amplió la pista de aterrizaje para que puedan operar aviones de transporte militar e instaló sofisticados equipos electrónicos de intercepción e inteligencia para poder operar eficientemente.
La presencia de los norteamericanos trajo consigo en Manta una serie de relaciones económicas, sociales y afectivas con la comunidad. Pero también generó un rechazo de sectores sociales vinculados con movimientos de izquierda, que emprendieron, en torno a su presencia, una lucha ideológica antimperialista tenaz, argumentando una violación a la soberanía nacional y supuestas violaciones de los derechos humanos a pescadores y dueños de embarcaciones pesqueras.
Los revolucionarios de Alianza País, afines a los grupos de izquierda latinoamericana, siempre denostaron en contra de la presencia norteamericana en Manta y blindaron la Constitución del 2008 con la prohibición para que fuerzas militares extranjeras permanecieran en territorio ecuatoriano.
El ex presidente Rafael Correa tomó como ofrecimiento de campaña la finalización del Convenio suscrito con Estados Unidos y cumplió con el retiro.
Más a la salida de los norteamericanos nunca se equiparó su presencia militar ni logísticamente, con equipos y personal de las fuerzas armadas ecuatorianas, lo que en los últimos años ha significado la tragedia de terrorismo, delincuencia e inseguridad que estamos viviendo en la frontera norte.
Nunca se previó las consecuencias que iba a significar para el país la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, acuerdos que derivaron en la deserción de grupos paramilitares delincuenciales al servicio del narcotráfico, que no se alinearon con el proceso de paz y que empezaron a operar en territorio ecuatoriano.
Nos queda por conocer si la salida de los norteamericanos de la base de Manta fue premeditada y articulada, como ahora se manifiesta, para supuestamente favorecer veladamente a los grupos irregulares de terroristas y de extrema izquierda, que ahora aquejan a nuestro país, lo cual de confirmarse sería ruin y perverso. (O)
