La historia no contada de un veedor ciudadano / Ing. Patricio Chambers M.

A los dos años de instalado el gobierno de Rafael Correa en 2009, los rumores de corrupción habían alcanzado niveles preocupantes, particularmente en lo relacionado a millonarios contratos otorgados por distintas vías a su hermano, Fabricio Correa.

Aduciendo transparencia en la gestión, el entonces Presidente de la República solicita que a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), se conforme una veeduría ciudadana para vigilar la transparencia de los contratos entre el Estado y las empresas de su hermano. Dicha veeduría queda conformada el 3 de julio de 2009.

Al principio llegan algunas y luego cientos de denuncias desde los más diversos sectores del país, que daban cuenta del manejo doloso de varias de estas contrataciones.

Los informes presentados por la veeduría avivarían aún más la sospecha ciudadana de que el país estaba gobernado por un grupo de avezados delincuentes de cuello blanco, que utilizaban los fondos públicos para su enriquecimiento.

Ante a la presión en incremento de la opinión pública, Rafael Correa opta por negar cualquier vínculo y aduce total desconocimiento de dichos contratos.

El problema era que el informe de la veeduría contenía videos de prensa con declaraciones del propio Mandatario, en los cuales manifestaba explícitamente conocer sobre tales contratos, lo cual resultaba obvio dada la naturaleza de los mismos.

Sin embargo y en su lógica maquiavélica, en lugar de aclarar su condición ante el país, decide iniciar una persecución contra los veedores implantando además y a pesar de las evidencias, un juicio por falso testimonio y perjurio.

Es así como se dio inicio a una auténtica odisea para los integrantes de la veeduría, particularmente para quien terminaría presidiéndola: Pablo Chambers, al que lo vimos atravesar por un sinfín de situaciones verdaderamente inauditas, sorteando el cierre del paso desde todos los órganos del Estado, dentro y fuera del país.

Aunque siempre contó con el apoyo de la mayoría de los ecuatorianos, evidentemente su situación era en extremo difícil y altamente peligrosa no sólo para él sino para sus familiares y allegados, pues las espurias acciones orquestadas por el “Correato” desde el poder, fueron continuas y se infiltraban a todo nivel. Sin embargo, el ex – veedor mantuvo firme su posición.

Han transcurrido diez años desde que se conformara la primera veeduría ciudadana. La orden de prisión de aquel juicio por “perjurio” que entre otras debió prescribir años atrás, nunca fue retirado del sistema y por ello el fin de semana pasado fue detenido en Guaranda y llevado a la Policía Judicial en Quito.

El asunto pasó a manos de la actual Ministra del Interior y puesto a decisión del Presidente Moreno, quien consciente de semejante injusticia anunció que se le otorgaría el indulto. Ante ello y para no poner en evidencia las grandes falencias del sistema judicial, el Tribunal de Garantías Penales en una sesión relámpago a inicios de semana, declara que la pena impuesta a Pablo Chambers queda prescrita. (O)