La ley de Comunicación / Editorial
Desde hace mucho tiempo, los ecuatorianos esperamos que la Ley de Comunicación Social sea tratada, ya que es un clamor ciudadano y una oferta del Presidente Moreno, tanto en la campaña electoral como en posteriores intervenciones.
Se esperaba que el tratamiento de esta Ley -que fue muy mal aplicada por el entonces Superintendente de Comunicación prepotente, autoritario y abusivo- constara en la consulta popular como una de las preguntas fundamentales, pero no fue así por la decisión presidencial.
Existen criterios para que fuera esta Ley derogada en forma total; otras opiniones sostienen la conveniencia de reformas profundas. Las dos posiciones consideran la urgencia de la decisión de la Asamblea Nacional para que actúe con la sabiduría sin cálculos políticos, mirando solamente la tranquilidad pública.
Debe eliminarse el peregrino argumento de que la Comunicación Social es un servicio público que estar controlado por los gobiernos de turno. La Comunicación es el elemental derecho natural de los seres humanos para que, con total libertad, puedan opinar e informarse. La prensa es el mecanismo idóneo para cumplir este servicio. De ahí la necesidad de que los periodistas deben estar preparados en valores morales y profesionales para actuar sin sectarismos ni dobleces o acomodos, sometidos siempre a la verdad y a la objetividad.
La supresión de la Superintendencia de Comunicación y otras importantes reformas son indispensables. He ahí el reto para el Presidente Moreno y la Asamblea Nacional. (O)
