LOS CINCO VOTOS QUE FALTARON / Paúl Viteri Albán
El pasado 26 de marzo de 2022, el presidente Lasso enviaba un escrito dirigido a la señora Fiscal General de la Nación, haciéndole conocer que en una reunión de carácter político mantenida por colaboradores de su “despacho” con los asambleístas Cristian Yucailla de la provincia de Tungurahua, Rosa Cerda, Gisella Molina, Edgar Quezada y Celestino Chumpi, debido a que habrían pedido beneficios económicos a cambio de sus votos a favor de la Ley de Atracción de Inversiones, razón por la cual el primer mandatario solicitaba se les investigue.
Pues ahora resulta; y, causa sorpresa, que cinco meses después el 25 de agosto, durante el tratamiento del juicio político a los vocales del Concejo de la Judicatura, el presidente Lasso envía nuevamente una misiva a la señora Fiscal a cargo del caso pidiéndole que archive un proceso que el mismo solicito se iniciara en contra de los cinco asambleístas y no retiro su acusación en contra del asesor, algo que jurídicamente no serviría de nada, debido a que se trata de un delito de acción penal pública, y por ende, la Fiscalía General del Estado al ser represéntate del estado, tiene la obligación de continuar con la investigación de oficio.
Ahora, para que vean que las coincidencias si existen, revisemos la votación de los cinco asambleístas en la moción de censura de los vocales del Concejo de la Judicatura, Asambleísta Cristian Yucailla “abstención”; Asambleísta Rosa Cerda “abstención”; Asambleísta Guisella Molina “abstención”; Asambleísta Edgar Quezada “abstención” y Asambleísta Celestino Chumpi “abstención” … ¿Qué coincidencia no? Justamente los cinco votos que hicieron falta para censurar a los vocales de la Judicatura.
Cinco votos, por los que, en el festejo y algarabía a los asambleístas de gobierno, infantilmente se les pasó solicitar reconsideración de la votación, dejando abierta la posibilidad de someter nuevamente a votación el tema, a pesar, de que existe un dicho muy popular que dice “lagarto comido, no vomita”, por lo que la defensa del gobierno y los cuasi no denunciados a los vocales del Concejo de la Judicatura posiblemente se mantendría.
En fin, si el gobierno solicita una investigación y luego la retira, ya es problema de este, más bien la responsabilidad de lo sucedido, recae sobre cinco asambleístas que en algún momento deberán rendir cuentas a quienes los sentaron en el parlamento; y, especialmente, el costo político que su desacierto legislativo conllevara para sus movimientos, en las elecciones seccionales.
