Luz al final del túnel
El Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) designó, finalmente, a Mauricio Torres como Contralor General del Estado el pasado 7 de noviembre, en una sesión telemática, a causa de los cortes de energía eléctrica. A oscuras, apareció una luz al final del túnel.
Torres, desempeñará este cargo los próximos cinco años, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 205 de la Constitución. De esta manera, apenas concluye el periodo del excontralor Carlos Pólit, ahora inculpado por la justicia norteamericana y al mismo tiempo, se da por terminado un concurso que fue caótico de principio a fin.
Desde la elaboración del reglamento del concurso hasta la designación del ganador, el camino resultó escabroso y disputado por las fuerzas políticas dentro del CPCCS y fuera de él. Todo el proceso debía concluir el año pasado. Sin embargo, duró 17 meses más de lo previsto. Las causas que dilataron el nombramiento no son otras si no el manejo de sectores interesados en captar esta dignidad. La contraloría, sin duda, es uno de los mayores botines políticos, porque se trata de la entidad encargada de controlar el uso de los recursos públicos y aunque la Constitución señala que este organismo es técnico, no político, la vorágine partidista pasa por alto toda norma.
El cálculo político en el nombramiento del contralor es inevitable. Este concurso, una vez más, puso al descubierto los verdaderos intereses de algunos los partidos y movimientos. Para los actores políticos que son dueños momentáneos del poder resulta imperante controlar a la entidad que los controla. Las autoridades de turno se sienten más tranquilas cuando logran limitar las auditorías y los exámenes especiales que podrían accionar glosas derivadas de sus actuaciones. Los gobiernos poco decentes, tanto a escala nacional como local, coexisten sin sobresaltos cuando tienen a favor una contraloría que los examina con benevolencia. Tomarse este puesto no pocas veces tiene la intención de llevar a cabo ataques o venganzas políticas. No es secreto que así funcionan las cosas en el país.
La dirección de la contraloría debería ser para personas respetuosas del derecho. No es imposible, aunque sí difícil, pensar que así suceda. Los dos últimos contralores mantienen problemas con la ley. Uno en manos de la justicia de EEUU y otro con los ojos encima de las leyes ecuatorianas. En este momento, que empieza una nueva etapa, cabe ilusionarse que esta vez, ojalá sea diferente. (O)
