Más vale tarde que nunca
El miércoles de la semana que está terminando, fue designado el nuevo Defensor Público. El abogado Ricardo Morales ganó el concurso. Este hecho termina con un proceso extendido incomprensiblemente.
A partir de agosto de 2018, Ángel Torres asumió las funciones de defensor, no titular, sino encargado de esta Entidad. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio dio paso a este nombramiento. Pero, el encargo se prolongó por seis años, lo que equivale al tiempo que ocupa ordinariamente el titular de la Defensoría Pública.
El concurso ha enfrentado una serie de obstáculos en los últimos dos años, algunos de los cuales son vergonzosos, incluida la renuncia voluntaria de un concursante y la descalificación de cuatro participantes finalistas por diversos motivos.
Jorge Ballesteros, por ejemplo, quien obtuvo el mayor puntaje entre los demás candidatos, junto con Byron Guillén e Inés Romero, quedaron al margen del concurso por no superar el principio de probidad. Uno de los posibles ganadores habría comprado un automóvil que habría pertenecido a uno de los más visibles personajes relacionado con el crimen organizado nacional. Además, varios concursantes utilizaron acciones de protección y medidas cautelares para retrasar la proclamación de los resultados. Valdría decir, el ratón cuidando el queso.
Muchos ciudadanos, posiblemente la mayoría, no conocen que hace esta entidad, por lo que tampoco entienden la importancia del nombramiento. La responsabilidad de esta defensoría es garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a un abogado patrocinador, incluso si no tienen recursos para contratarlo. Sin embargo, el valor real del nombramiento radica en la capacidad de este órgano de tener una representación en el Consejo de la Judicatura.
Los poderes políticos están muy interesados en ocupar un lugar en la Judicatura, por eso existe incertidumbre en torno a este concurso y al nombramiento de Ricardo Morales. Según algunos, se debería anular completamente el proceso de selección y comenzar de nuevo. En realidad, el ganador del concurso estaría actualmente impedido desempeñar este puesto y debería completar un proceso de devolución de fondos al Estado antes de asumir el cargo.
A pesar de la demora en la designación y que se realice, más tarde que nunca, el nombramiento de tan alto funcionario debería ser impecable. No obstante, en este país, al parecer es imposible llevar a cabo concursos de méritos y oposición totalmente limpios. (O)
