Medidas extremas / Mario Fernando Barona
El sábado pasado amanecimos con la trágica noticia de una nueva masacre en la Penitenciaría del Litoral con 68 muertos y más de 25 heridos, sumando ya 265 asesinatos solo en lo que va del año y cerca de cuatrocientos desde que comenzaron las matanzas.
Como usted sabe, la mafia narco – delictiva se tomó las cárceles del país usando como cuartel general dicho centro carcelario, y cuando digo “se tomó” me refiero a que literalmente los privados de libertad son los amos y señores de esas instalaciones donde mandan, ordenan y disponen, mientras que guías, policía y autoridades civiles están presos. Sí, exactamente al revés de lo que debería ser.
Esta espantosa realidad no apareció de la noche a la mañana, ni mucho menos es producto de la inacción del gobierno del presidente Guillermo Lasso como malintencionadamente se lo pretende endosar, es consecuencia de una serie de factores, pero principalmente -ahí sí- de la complicidad por omisión de gobiernos anteriores (sobre todo del de Correa) que no intervinieron -a tiempo y con mano firme- para frenar a raya esas ínfulas de mandamás de los líderes pandilleros detenidos a quienes se les permitió a lo largo de varios años ir apoderándose poco a poco del control de las cárceles. Será, digo, porque fueron de los mismos.
¿Cómo solucionar tremendo lío? Francamente no se sabe, y es que con el tema totalmente fuera de control y sin las herramientas mínimas legales, este o cualquier otro mandatario estará, como ahora, atado de pies y manos, por lo que seguiremos lamentando permanentemente más asesinatos.
No obstante, si el presidente Lasso de verdad quisiera sanear de raíz tan desagradable herencia tendría, a mi manera de ver, una única alternativa radical y muy extrema: llamar a una consulta popular para -entre otras cosas- proponer cambios profundos en la Constitución y que la fuerza pública (policía y militares) ejerza el poder de fuego efectivo en la vía pública y al interior de las penitenciarías con el fin de amedrentar a delincuentes libres y presos. Las consecuencias serían altamente polémicas, evidentemente, pero el Estado estaría haciendo lo que corresponde: imponer autoridad, orden y ofrecer paz a la ciudadanía. Es extremo, sí, pero el dilema social que vivimos a diario con la delincuencia dentro y fuera de las cárceles también lo es, por eso, o atacamos y derrotamos a las mafias delincuenciales, o continuamos sometidos a ellas con la seguridad de que seguirán creciendo en número e intensidad.
Allí les dejo bastante material para los defensores de los derechos humanos de los delincuentes, para aquellos que prefieren la parsimonia antes que la efectividad militar, y para los legalistas defensores a ultranza de los tratados internacionales. Como dicen por ahí, vengan de a uno.
