Militares toman provincia de Carchi ante las protestas

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La provincia del Carchi se encuentra bloqueada y las pérdidas económicas por la paralización son enormes. (Foto:elnorte.ec)

Tulcán/Quito (Ecuador), (EFE).- La provincia ecuatoriana de Carchi, fronteriza con Colombia, fue tomada ayer por un contingente «sin precedentes» de fuerzas de seguridad y militares, para dispersar a numerosos manifestantes que llevan tres días de protestas contra el Gobierno.

Unos 200 efectivos policiales y alrededor de un centenar de militares tuvieron que emplear medios antidisturbios para dispersar a cientos de manifestantes, especialmente jóvenes estudiantes, que se habían autoconvocado para tomar la sede de la Gobernación de Carchi, en Tulcán, capital de la provincia, y el Aeropuerto Luis A. Mantilla, en desuso y al norte del sector.

En ambos puntos los manifestantes arrojaron piedras, especialmente contra el edificio de la Gobernación, donde se produjeron desperfectos y hubo algunos heridos entre los agentes del orden y los propios manifestantes, según pudo constatar Efe.

El enfrentamiento, en el que los efectivos emplearon gases lacrimógenos para dispersar a los concentrados, concluyó después de que un dirigente estudiantil llamara a los manifestantes a desistir de que tomaran la sede y se colocara un candado en el acceso.

En paralelo, otro grupo de manifestantes acudió al mencionado aeropuerto tras difundirse el rumor de que llegaba un vuelo que traía miembros del Ejército para aplacar las protestas que se iniciaron el martes. En este escenario también se registraron forcejeos.

Tanto el paso internacional de Rumichaca, frontera con Colombia, como varias vías de toda la provincia, que comprende seis cantones, se encuentran bloqueadas por obstáculos y vehículos de transporte pesado como parte de una protesta que ha adquirido el lema de «Carchi resiste» en redes sociales.

El prefecto de Carchi, Guillermo Herrera, explicó a Efe que quince personas fueron detenidas entre el miércoles y el jueves por desórdenes públicos, entre ellas un menor, y que al menos seis de ellas fueron liberadas tras la intervención de sus abogados.

Calificó la presencia de las fuerzas de seguridad y militares de un hecho «sin precedentes» y censuró el uso de la fuerza y gases lacrimógenos para dispersar lo que definió como «marchas pacíficas de familias».(I)

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