Necesidad de planes anticorrupción / Ing. Patricio Chambers M.

Lo acontecido en las últimas semanas en lo referente a la corrupción detectada en el gobierno anterior y que alcanza niveles casi inimaginables, debe llevarnos a tomar medidas urgentes así como a largo plazo que nos permita evitar que se vuelva a saquear al Estado y por ende el dinero de todos los ecuatorianos.

Una de las formas más efectivas de lograrlo, es a través de la generación a todo nivel de planes anticorrupción, los cuales se aplicarían de manera obligatoria en las diferentes dependencias de gobiernos locales y nacional.

Este tipo de herramientas están diseñadas para “cerrar el paso” a todo acto ilícito dentro de la gestión pública tanto como aquella asociada con la gestión privada, pues es claro que cualquier acto de corrupción siempre tiene dos caras: lo público y lo privado, está el corrupto y el corruptor.

Tal como lo señala el informe “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” elaborado por la Secretaría de Transparencia de Colombia, un primer componente constituye la llamada “metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo”.

Dicha metodología establece los criterios generales para la identificación y prevención de los riesgos de corrupción de las entidades, permitiendo a su vez la generación de alarmas y la elaboración de mecanismos orientados a prevenirlos o evitarlos.

Su base es un Mapa de Riesgos de Corrupción, definidos como “aquella posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de la entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular”.

Evidentemente esto tiene una causa que también tiene que ser identificada y que generalmente forman parte de un conjunto sistemático de situaciones que, por sus características, pueden originar prácticas corruptas asociadas a cada los procesos y procedimientos de una entidad de gobierno.

Esto significa que existen procesos y procedimientos susceptibles de actos de corrupción, y por ello al identificarlos la entidad podrá fijar sus riesgos y soluciones.

Existe un gran número de ellos y un claro ejemplo de ello es la concentración de autoridad o exceso de poder, lo cual lleva a una extralimitación de funciones en un entorno de lo que termina siendo amiguismo y clientelismo alrededor del fraude a cometer.

Desde el ámbito netamente público, es común encontrar elementos como la inclusión de gastos no autorizados o inversiones de dineros públicos en entidades de dudosa solidez financiera, a cambio de beneficios indebidos para servidores públicos encargados de su administración.

Pero también elementos vinculados directamente con el área privada como la contratación con compañías de papel o el diseño de estudios de factibilidad previamente dirigidos a beneficiar a ciertos intereses particulares.

En fin, es indispensable que el Ecuador implemente políticas de lucha contra la corrupción pero, por sobre todo, forjar una cultura ciudadana de valores humanos que nos aleje de este tipo de prácticas. (O)