No voy a ceder / Fabricio Dávila Espinoza

Los autobuses están fuera de servicio por una huelga que se extenderá hasta que las autoridades incrementen el pasaje. El Alcalde de Ambato dice que no cederá a la presión de los agremiados.

La responsabilidad de una decisión tan importante, al parecer, recae sobre una sola persona y depende exclusivamente de su juicio. Sin embargo, el ejercicio del poder, en un Estado de derecho, es institucionalizado. Dentro de la función pública alguien debe poner su firma en las disposiciones legales. Esto no significa que la decisión sea de tipo personal. La función pública  tiene como finalidad proteger y garantizar los derechos de la población. Entre estos, el acceso a los servicios públicos y privados de calidad, de los que el transporte público es una parte significativa.

El municipio de Ambato, como instancia de gobierno descentralizado y autónomo, tiene en su competencia regular el transporte público. Para dueños y operadores de las unidades de transporte es una obligación indiscutible prestar servicios de calidad. Para los usuarios es un derecho innegociable trasladarse de forma cómoda y segura. No se trata de una dádiva. Para los prestadores del servicio es un derecho recibir la remuneración justa por su trabajo. Tampoco es una dádiva.

A pesar de esto, muchos ciudadanos, de todas las edades y condiciones físicas, aun cuando no hay huelga, están obligados a viajar amontonados, incómodo, en peligro constante de accidentes o con la zozobra a causa de la delincuencia. Y, ahora que hay paro, se ven forzados a movilizarse en baldes de camionetas, “chivas”, “gusanitos”, automóviles privados, taxis, ubers o en lo que puedan subirse.

A decir de los parados, esta medida tiene como origen la falta de actualización en las tarifas, que según su criterio no cubren los costos de operación. El alcalde dice que lleva dialogando con la dirigencia desde hace dos años. Tiempo más que suficiente para haber llegado a algún acuerdo, que por ahora parece lejano. La primera autoridad y los transportistas están midiendo fuerzas. Habrá que esperar para saber quién se cansa primero. La Fiscalía tiene en sus manos una denuncia por paralizar el servicio público. Esto podría significar una pena de tres años de cárcel.

La decisión de subir los pasjes o dejarlos como están, no puede depender de una sola persona. Debería crearse una norma que determine los precios de forma técnica, con un mecanismo de ajuste automático cada cierto tiempo.