Presunto delito / Fabricio Dávila Espinoza
Atravesar de forma correcta situaciones difíciles es complejo, pero no imposible. Todos, en algún momento nos vemos cercados por escenarios adversos en los que experimentamos múltiples respuestas: ser previsores y tomar decisiones apropiadas podría determinar el futuro.
La crisis mundial causa por la pandemia COVID 19 deja descubierta la realidad de las instituciones y las personas. Queda claro que ningún país estuvo preparado. El Ecuador mucho menos. Por ahora la única forma de combatir el corona virus es el doloroso aislamiento.
El gobierno ecuatoriano critica constantemente a los ciudadanos que irrespetan el toque de queda y los tildó de terroristas. Es verdad, al pueblo le cuesta quedarse en casa y la violación del estado de excepción es un delito grave. Varios compatriotas han sido detenidos, juzgados y sentenciados. ¿Terrorismo por salir a la calle en horas prohibidas? Prefiero decir que es un delito grave, pero no comparable con el “presunto delito” de comprar insumos médicos con “presunto” sobre precio.
La Fiscalía, con la celeridad propia de un hecho que está en la mirada de todos, la madrugada del 1 de abril allanó las instalaciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y algunos inmuebles en Quito y Cuenca. En Guayaquil un juez no estuvo de acuerdo. Tres días antes, Diana Salazar, Fiscal General, abrió una investigación por “presuntas irregularidades”. Previamente, el presidente del directorio del IESS, Paúl Granda, removió de su cargo a los funcionarios que participaron en el proceso de adquisiciones. Ente ellos, Miguel Ángel Loja, su hombre de confianza, quien le acompañó en varios puestos políticos y últimamente en la dirección general del IESS.
El contrato fue por más de 10 millones de dólares, con “supuesto sobreprecio”. Las mascarillas N95 a decir de los conocedores de precios pueden adquirirse mucho más baratas. El IESS pretendió pagar 12 dólares por cada unidad, pero sólo costarían 3,90. Además, el allanamiento con orden judicial dejó descubierto que la empresa de alimentos que ofertaba los insumos médicos era “presuntamente” de papel.
En el país resulta muy difícil que las personas se queden en casa como pide el gobierno. Pero también es muy difícil que algunos funcionarios dejen de “presuntamente” atracar en tiempos de crisis. (O)
