Privilegio, no derecho / Fabricio Dávila Espinoza
La justicia nacional mantiene a buen recaudo al expresidente Bucaram y miembros de su familia, mientras el gobierno de los EEUU los considera no-elegibles para ingresar en su territorio.
Este país continúa castigando a ecuatorianos ligados a escándalos de corrupción. En diciembre del año anterior tuvo lugar el primer aviso. El embajador Michael Fitzpatrick, informó que policías de alto rango tienen impedimento de pisar suelo norteamericano. Lamentablemente, los registros de visas son reservados según la ley de este país, por esta razón, la identidad de los sancionados está protegida.
El segundo aviso llegó casi un mes después. Varios funcionarios judiciales, de los que tampoco se conoce su nombre, recibieron el mismo trato de los “narcogenerales”. El embajador, Fitzpatrick, no tuvo pelos en la lengua para decir que, en su país no quieren “ladrones y su plata”; que la “visa es un privilegio, no un derecho” y que la investigación no terminará con la revocatoria de las visas.
El tercer aviso apareció hace un par de días y en contraste con los primeros, esta vez, la Embajada no guardó reserva sobre la identidad de los afectados. La familia Bucaram Pulley fue claramente aludida. Aunque a las autoridades ecuatorianas todavía les cuesta encontrar responsabilidades en el exmandatario y sus familiares directos.
Bucaram, sus tres hijos y nuera afrontaron órdenes de arresto el 2020. No obstante, al cabo de dos años todos gozan de libertad. Sobre estos ciudadanos hay señalamientos por tráfico de armas, tráfico ilícito de bienes patrimoniales, delincuencia organizada y negociación ilegal de pruebas de Covid-19. Pero, hasta la fecha, la tenencia de armas y municiones es la única causa que encamina un juicio. En los otros casos se decretó sobreseimiento o nulidad del proceso. La investigación no ha dado resultados o para los jueces las evidencias son insuficientes.
La corrupción y la impunidad impiden el crecimiento económico; carcomen los derechos humanos fundamentales, echan abajo la confianza en la institucionalidad pública o privada y desestabilizan a los estados. Al parecer, Norteamérica toma más en serio el combate de estos males, pero la contrapartida es endeble. Los no-elegibles dirán una vez más que son perseguidos políticos, pero su peor afrenta será no frecuentar Miami y no contar con una guarida la próxima vez que se vean acorralados por la justicia. Entonces entenderán que entrar en este país es un privilegio, no un derecho
