Pugna CNE vs. TCE / Fabricio Dávila Espinoza
A pocos días del inicio de la campaña electoral hay dudas justificadas sobre la probidad del proceso. Lo único claro es que la lucha no sólo se produce entre candidatos. Las máximas autoridades de la función electoral también defienden su espacio de poder a brazo partido. Así, la programación de las elecciones del 2021 en el Ecuador, entra en zona de riesgo.
La premura de tiempo es una de tantas dificultades. Este día, las papeletas deberían estar imprimiéndose y, sin embargo, todavía se desconoce el número exacto de presidenciables admitidos. El problema no es reciente. Un par de meses atrás, el 30 de octubre, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ordenó al Consejo Nacional Electoral (CNE) habilitar al movimiento Justicia Social para las elecciones, después que esta agrupación fue extinguida, a causa de presuntas irregularidades en la recolección de firmas para su creación.
La lista 11, Justicia Social, intenta inscribir a última hora al Ab. Álvaro Noboa, aunque su primera opción fue Fabricio Correa, quien se retiró tras denunciar que esta agrupación era controlada por su hermano y expresidente desde Bélgica. Precisamente, la lista 11 tiene un expediente umbroso, por emplear un adjetivo. El líder máximo del movimiento es Jimmy Salazar, esposo de Pamela Martínez, exvicepresidenta de la Corte Constitucional, que actualmente está condenada dentro del mismo proceso por el que Rafael Correa fue declarado culpable y sentenciado a ocho años de prisión.
De ser el caso, Noboa, llegaría al poder apoyado por un movimiento con antecedentes correístas. Pero, el camino es largo. Contrario a lo dispuesto por el TCE, el CNE considera que Justicia Social realizó un proceso de democracia interna previo y que, al no prosperar dicha candidatura, habría tenido tiempo para escoger otro aspirante antes que venza el plazo. Por esta razón, Noboa no podría iniciar la aventura de su sexta participación presidencial.
Lógicamente, la pugna aún no termina. El TCE contrataca y ordena al CNE acatar su orden, bajo amenaza de sanciones. El CNE tampoco cede y pide a la Corte Constitucional resolver un problema de competencias entre los dos organismos electorales. Mientras tanto, el tiempo avanza y las fechas de las elecciones podrían incumplirse, si la Corte de última instancia falla a favor del TCE. La democracia del país, que antes de esta crisis, tenía profusas falencias, puede terminar del todo abatida. (O)
