¡Quién podrá defendernos ! / Paúl Viteri Albán
Durante una entrevista en un canal de televisión nacional, a la Comandante General de la Policía Nacional Tannya Varela, se le ocurrió decir que tienen identificados a más de sesenta y cinco responsables de sicariatos, pero que como terminó la fragancia, a la policía le corresponde en este caso notificarles que están siendo investigados por dicho delito; y, esperar que estos vuelvan a cometer otro ilícito para poder actuar, dejando en clara evidencia que en dicha institución, ella y sus asesores, no tiene la más mínima idea del proceso penal.
Claro, y al parecer a nadie se le ocurrió explicarle a la comandante Varela que una de las atribuciones con las que cuenta la Fiscalía General del Estado, es el que cuando se cuenten o existan indicios del cometimiento de un delito, puede esta solicitar la respectiva formulación de cargos, además de la aprehensión del responsable del hecho, a través de la solicitud de prisión preventiva. Lo que me lleva a generar una inquietud, ¿Y qué pasa si en el siguiente hecho delictivo que están esperando, el delincuente le causa la muerte a un efectivo policial? Acaso eso no convierte a su misma institución de cierto modo, en corresponsable de lo que sucede…
En definitiva, la sentencia del Cabo de Policía Santiago Olmedo, por la muerte de dos delincuentes con más de doce tiros por la espalda, en una supuesta extra limitación de funciones, no solo nos dejó claro que deben reformarse varios artículos como el famoso treinta punto uno, numeral dos del Código Orgánico Integral Penal, donde se dispone que para que exista cumplimiento del deber legal cuando una o un servidor de la Policía Nacional y de seguridad penitenciaria, al amparo de su misión constitucional, en protección de un derecho propio o ajeno, cause lesión, daño o muerte a otra persona, siempre y cuando se reúnan todos los siguientes requisitos; numeral dos, “Que para el cumplimiento de su misión constitucional, dentro de su procedimiento profesional, observe el uso progresivo, proporcional y racional de la fuerza”, sino creo que también nos quedó claro, el hecho de que los miembros de la Policía Nacional, no solo están desamparados por la ley, sino también por su propia institución. Si quien maneja la misma pone en evidencia, un lacerante y descomunal desconocimiento de la ley.
De hecho, lo único que considero tenemos claro, es que los delincuentes están bien armados “y sin permiso”, mientras tanto los ciudadanos al igual que la policía nos sentimos desprotegidos, además de que tenemos una Asamblea con un proyecto de ley de porte de armas “responsable”, que no lo incluye en la discusión, y para finalizar un Presidente de la República con un gabinete ministerial que opinan sobre lo que no deben, ¡como si el Cabo de Policía Olmedo necesitara que le apoyen en sus redes sociales y medios de comunicación! Y más bien, en vez de ser medios lentos para tomar decisiones, lo hagan pronto y considerando que estas sean firmes, fuertes y radicales. (O)
