Rechazan recurso de amparo solicitado por Assange

 

Quito, (EFE).- La Justicia de Ecuador rechazó hoy la acción de protección constitucional solicitada por el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, para que no se le aplique el documento que desde el 13 de octubre regula sus condiciones de vida en la embajada ecuatoriana en Londres.

«La señora jueza ha emitido su sentencia y ha rechazado la acción de protección planteada por Assange», dijo en declaraciones a los medios el procurador general del Estado ecuatoriano, Iñigo Salvador.

Explicó que «básicamente», la corte rechazó el recurso al considerar que «el Gobierno de Ecuador, al emitir el Protocolo especial, de visitas, comunicaciones y atención médica no ha conculcado ninguno de sus derechos».

Se refería al documento que el Ministerio de Relaciones Exteriores entregó al activista el pasado 13 de octubre con una serie de condiciones en materia de higiene (incluida la de su gato), visitas y comunicaciones, y que Assange se negó a recibir por consejo de sus abogados.

Seis días después, el jefe de su equipo internacional de defensa, el español Baltasar Garzón, presentó el recurso de amparo ante la justicia ecuatoriana al considerar que esas normativas violaban sus derechos, lo que indignó al Estado ecuatoriano.

La Corte decidió hoy sobre ese recurso tras una audiencia en la que el activista australiano prestó testimonio por videoconferencia desde Londres y en la que expresó su temor a que Ecuador ponga fin a la concesión de su asilo.

Assange mencionó en su intervención un presunto diálogo entre el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, que visitó Ecuador en junio pasado, y el jefe de Estado, Lenín Moreno, en el que supuestamente se solicitó la entrega del activista.

«No quiero meterme en política, pero vemos que el Gobierno ecuatoriano está apoyándose más en Estados Unidos y Reino Unido, con mayor influencia», dijo el australiano según el diario El Comercio.

En respuesta a esas declaraciones, que incomodaron a los representantes del Estado en la sala, entre ellos al ministro de Exteriores, José Valencia, Salvador insistió en que el protocolo en sí y la condición de asilo son dos cuestiones separadas.

Por su parte, Valencia declinó ante los medios comentar sobre «elucubraciones» y dijo que las conversaciones del presidente Moreno con otros mandatarios son «privadas».

Ello después de que la defensa de Assange solicitara a la corte la publicación de protocolos oficiales de las conversaciones entre diplomáticos ecuatorianos y los del Gobierno británico, una demanda que la corte consideró «impertinente» de su parte.

Valencia afirmó en ese sentido que la sentencia demuestra que Ecuador actúa «de acuerdo al derecho internacional, de acuerdo al asilo y que respeta todos los derechos en ese caso».

«Así como exige del asilado que cumpla obligaciones que son elementales, que son sentido común», puntualizó.

Consultado sobre las consecuencias que tendrá para el activista el no respetar el pliego de condiciones, el ministro se mostró cauteloso pero, a la vez, tajante.

«No quiero adelantarme. En el momento (que se produzca) cualquier trasgresión de convenciones internacionales, el Estado ecuatoriano actuará con estricto apego a derecho», concluyó.

Assange, quien fue nacionalizado ecuatoriano en diciembre de 2017, se refugia en la embajada ecuatoriana desde 2012, cuando era requerido por las autoridades suecas debido a las acusaciones de dos mujeres por presunta violación, que él negaba, una causa ya archivada.

Aun así, sigue bajo asilo por temor a que, si sale, sea deportado a Estados Unidos, donde presume que podría ser juzgado por la publicación de documentos militares y diplomáticos confidenciales.

Carlos Poveda, abogado defensor local, informó de que ya ha apelado la decisión de hoy por «considerarla infundada», y que «va en contra de la opinión consultiva (solicitada)».

«De parte del Estado ecuatoriano hay responsabilidad internacional», declaró al pedir a Ecuador que muestre los documentos en los que dice que Gran Bretaña le ha garantizado al activista que no será extraditado a otro país, según aseguró el procurador general del Estado la semana pasada. (I)