Referéndum / Fabricio Dávila Espinoza
El “gobierno del encuentro” pone en marcha un referéndum para que los ciudadanos decidan sobre algunos cambios en materia de seguridad ciudadana, institucionalidad del Estado y medioambiente. Esta medida se presenta cuando el presidente tiene los peores niveles de aceptación y credibilidad desde el inicio de su mandato.
La empresa encuestadora Perfiles de Opinión, en su último informe, que corresponde a noviembre 2022, revela un rechazo casi generalizado a la gestión de las instituciones del Estado. En el caso articular del Ejecutivo, con la participación de 613 entrevistados, de Quito y Guayaquil, los resultados son alarmantes. Apenas el 0.53% de encuestados cree que la gestión del presidente es muy buena, es decir, ni el 1% le pone la calificación más alta al régimen; el 12.09% cree que la gestión es buena; el 52.95% dice que es mala y el 29.24%, muy mala.
Si bien, el número de entrevistados es reducido, porque así se procede en este tipo de estudios, los resultados deben ser bastante cercanos al sentimiento de la población en general.
La convocatoria integra ocho preguntas validadas por la Corte Constitucional. Otras fueron vetadas por esta misma entidad. La primera pregunta excluida tiene que ver con el destino de los recursos incautados por delitos como lavado de activos, terrorismo, trata de personas, tráfico de migrantes y tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. La intención del Ejecutivo era que este dinero sea destinado a programas de educación. La segunda pregunta que no pasó el filtro constitucional estaba destinada a sancionar con pena de siete a diez años de cárcel el delito de extorsión por delincuencia organizada. La tercera pregunta que no entrará en la papeleta buscaba la deducción adicional del 100 % en el cálculo de la base imponible del impuesto a la renta para los empleadores que contraten personas de 45 años o más.
Los jueces constitucionales consideran que estas preguntas no requieren de una consulta popular, sino de la sensibilidad del gobierno para tramitarlas y de una Asamblea Nacional que sintonice con las “necesidades urgentes del país y la realidad que vive el Ecuador y cumplir su rol de legislador responsable”.
A partir de este momento, la responsabilidad está en los votantes. Si el gobierno sale victorioso en el referéndum, no tendrá pretexto ni a quien culpabilizar de su inoperancia. Caso contrario, todo seguirá igual, será dos años más, de los mismo.
