Reforma urgente
Tras los resultados de las elecciones generales hay dos evidencias indiscutibles. La primera, tendremos una nueva oportunidad para seleccionar al próximo equipo presidencial. La segunda, el sistema actual de partidos políticos y candidatos ha probado ser inoperante. Frente a la segunda certeza, es imprescindible ejecutar reformas urgentes.
El miércoles pasado, la Asamblea Legislativa de El Salvador, gobernada por el partido del primer mandatario de la nación, Nayib Bukele, eliminó la financiación pública de los partidos políticos para los comicios electorales. El artículo 210 de la Constitución que otorgaba recursos para estos fines, se derogó.
De acuerdo con los impulsores de la reforma, los recursos destinados a financiar las campañas políticas deberían destinarse a cubrir las necesidades más urgentes de la población, como la salud y la educación. En esta perspectiva, conceder subvenciones a los partidos políticos lleva a un uso ineficiente del dinero público, genera el rechazo hacia el sistema político y deteriora la democracia.
Esto tiene lógica, en una nación con recursos económicos escasos, se percibe como contradictorio desembolsar dinero público para la publicidad de los candidatos.
No obstante, el otro lado de la moneda, la oposición al presidente Bukele, considera que el objetivo de la reforma es desmantelar las restricciones que la Constitución impone al poder. Los detractores de la reforma constitucional sostienen que también el partido de gobierno habría recibido recursos del Estado para publicidad, más de 27 millones de dólares en total. Esto, de ser cierto, igualmente resulta incongruente.
En medio de estas circunstancias, la reforma constitucional salvadoreña empieza a ganar seguidores entre los políticos ecuatorianos. Algunos, desean imitar el modelo bukeliano de gestionar las prisiones y de tratar a los que clasifica como terroristas. Otros, consideran imprescindible emular la restricción del financiamiento a los partidos políticos del país centroamericano en nuestra nación. Pero, los patrones extranjeros no siempre se acoplan a la situación local, tal vez algunas partes sean beneficiosas, no el conjunto total.
Eso sí, la debilitada democracia ecuatoriana no puede mantener el mismo número de oportunistas, improvisados o aventureros que vemos en cada elección. No es admisible tener 16 presidenciables, más de 200 partidos o movimientos políticos, como tampoco se puede aceptar más de 2 mil postulantes a la Asamblea Nacional. No obstante, un amplio sector de la clase política no puede o no quiere abordar este tema. (O)
