S.O.S auditoría interna en el sector público
Cuando de manejo de fondos y bienes públicos se trata y más aun sabiendo que el 51% de estos provienen del pago de nuestros impuestos y tasas, más una austeridad
que solo se cumple en teoría, entonces es urgente, ipso facto, inmediato que se piense en retomar que las entidades publicas que manejan, administran pre- supuestos y son autorizadores de gasto público, de compra publica o de contratación pú- blica, tengan obligatoriamente una dependencia permanente de Auditoría Interna, que si bien
se incluya su operatividad en el presupuesto de cada institución, pero sea administrada y con personal técnico directo de la Contraloría General del Estado, tal como sucede con los defensores del cliente de los bancos, el defensor del pueblo, las juntas de protección de derechos, las auditorías internas o externas de entidades privadas o la misma Corporación de Seguros de Depósitos COSEDE, entre otros ejemplos prácticos existentes. El manejo de 36.063 millones de dólares del presupuesto del Estado (PGE 2025) amerita tal control interno no únicamente el externo.
La auditoría en el sector público debe cumplir el rol de asesoría preventiva, control concurrente, de supervisión y así se evitaría muchos indicios o presunciones por equivocaciones, omisiones, errores, desvío de fondos o incorrecta aplicación de leyes, decretos, acuerdos, convenios, tratados, ordenanzas, resoluciones, instructivos, etc y con la posterior responsabilidad administrativa, civil o penal que finalmente conlleven a mal utilizar los fondos públicos. Los contratos fallidos en el portal de compras públicas, la inadecuada estructuración de términos de referencia hace que se caigan posibles contrataciones o que se contraten mal.
En el manejo de personal en los concursos igual las plataformas que se utilizan para resolver cuestionarios, los requisitos que se imponen o no se observan a perfiles de cargo, también dan como resultado contratar a personal inadecuado para el puesto. En la obra publica el incumplimiento de requerimientos, de normas técnicas, de fiscalización o contratistas fallidos también dan como resultado perdidas de recursos económicos públicos.
En este contexto y con niveles de corrupción elevados, es muy necesario que se vea la posibilidad en el corto plazo de implementar algún tipo de medidas internas preventivas de control en las entidades publicas desde el gobierno central, los gobiernos autónomos descentralizados seccionales y locales, las entidades adscritas descentralizadas, las empresas publicas y todo organismo que reciba fondos públicos, para cortar de raíz el despilfarro de recursos públicos que perjudican a todos los ecuatorianos, la corrupción está volando muy bajo. Autoridades que han hecho al respecto. (O)
