Sanción a planteles que abusaron en cobro de pensiones
Autoridades provinciales y educativas inspeccionarán en sitio el cobro de pensiones y matrículas. (Foto El Heraldo)
“Hay que exigir la devolución del dinero”, dijo el gobernador de Tungurahua, Juan Gortaire, luego del anuncio emitido por el Gobierno Nacional indicando que no está autorizado el incremento de pensiones ni matrículas en los planteles educativos particulares y fiscomisionales del país.
Son siete planteles educativos que se han tomado la atribución de cobrar montos adicionales a los aprobados por las autoridades educativas, según Mariela Solís, directora de Educación del Distrito 18D01 Ambato.
El rubro de pensiones y matriculas deberá ser el mismo que se aplicó en el período educativo 2018-2019, caso contrario se aplicarán sanciones que van de uno a 50 salarios básicos.
Los padres de familia deben saber que la matrícula representa hasta máximo el 75% de la pensión neta (12 meses). El valor de la pensión se fija por 12 meses, pero se prorratea por los 10 meses de las actividades escolares.
Los componentes de costo de la educación son: Gestión educativa, costo administrativo, costo de Consejería Estudiantil, financieros, provisión para reservar y excedente.
“Hemos avanzado el trabajo de control ante varias quejas, sobre cobros en exceso. Esto se coordinará en cada unidad educativa. Haremos la supervisión necesaria para que la disposición de devolución sea cumplida”, expresó Solís.
Los servicios complementarios en las unidades educativas son opcionales en el pago, especialmente con alimentación, transporte, exámenes de certificados de bachillerato internacional, deberes dirigidos, seguro médico y clases alterna.
La madre de familia Teresa Martínez pagó por la matrícula 276 dólares y la pensión 120 dólares; sin embargo, a este rubro también aportó 25 dólares por la construcción y arreglo de una cancha en el plantel.
Las personas que hayan sido perjudicadas deben denunciar el hecho a las autoridades educativas o en la Gobernación de Tungurahua para tomar los procesos de sanciones respectivas. (I)
