Tenencia y porte de armas / Esteban Torres Cobo

Dos años le tomó al gobierno hacer algo en materia de seguridad ciudadana y, aunque parcialmente, intentar cumplir una de sus promesas de campaña: la tenencia y el porte de armas con restricciones y controles para civiles. Y no lo hizo por convicción y promesa sino por desesperación y hasta malicia. Días antes del anuncio una desastrosa cadena nacional de más de diecisiete minutos había confirmado la ineptitud del gobierno en todo y, especialmente, en comunicación y el país se había sorprendido con el asesinato con tortura de la pieza clave en la corrupción del círculo más íntimo de poder en las empresas públicas, Chérrez. El anuncio desvió exitosa y temporalmente el debate nacional hacia otro lado.

Puedo decir con orgullo que fui la persona que puso, en mi calidad de asambleísta y actor político, ese debate por primera vez a nivel nacional. O, al menos, en los últimos años. Y lo hice porque siempre tuve la convicción de que un ciudadano libre tiene el derecho de proteger su vida y la de su familia hasta las últimas consecuencias (lo cual la literatura lo interpreta correctamente como una prolongación del derecho a la vida desde la concepción). Además, porque era un tema que estaba en las conversaciones cotidianas luego de cada asalto y asesinato con armas de fuego pero que nadie se atrevía a llevarlo a la discusión parlamentaria.

Así, presenté una reforma a la Ley de Armas de 1980 que buscaba, principalmente, impedir que un derecho vigente en el Ecuador desde 1830 sea injustamente conculcado por decisiones ministeriales y decretos presidenciales como empezó a suceder desde el 2007. Esa propuesta sirvió como antesala para la propuesta electoral de quienes hoy son gobierno y que jamás movieron un dedo sino recién hasta ahora, y por otras razones.

Pero hay que ser justos y al menos ya es un primer paso. Una política efectiva, sin embargo, es integral y necesita, por ejemplo, que también las reglas de importación, comercialización, permisos, registros de armas y controles anuales de quienes accedan a estos medios de defensa se desarrollen bien y cuenten con el presupuesto debido. No hay evidencia cierta, en todos los años que nuestro país tuvo tenencia y porte de armas regulados, de que un ciudadano en uso de un arma legal la haya usado para delinquir. Y por el contrario, todos los delitos que se cometen actualmente usando un arma de fuego se hacen en posesión ilícita de un arma. Porque los delincuentes no cumplen ni les importa cumplir las leyes. Los buenos ciudadanos sí las cumplen.

Que no le confundan, estimado lector, diciéndole que se ha permitido el libre porte y tenencia de armas. Eso es falso. Ni en los Estados Unidos existe eso, a pesar de los laxos controles. Se trata de una tenencia y porte regulados, reglados, controlados y verificados. Y hacia allá deberíamos caminar con la debida planificación y organización.