Tragicomedia / Fabricio Dávila Espinoza

A propósito de las palabras del Sr. Julio Guerrero, alcalde electo de Pindal, en la provincia de Loja, por el partido Pachakutik, donde afirma que los alcaldes pueden llevarse hasta el 30% de lo que cuesta una obra. A continuación algunas aclaraciones.

El Ecuador es un Estado pluricultural y multiétnico que reconoce las lenguas de los pueblos ancestrales e incorpora, en el artículo 97, uno de los principios básicos de las comunidades indígenas: ama quilla, ama llulla y ama shua, en español no ser ocioso, no mentir y no robar. Esta proposición ética, válida no solamente para las comunidades indígenas, debería ser una norma irrestricta.

Contradictoriamente, el alcalde que entrará en funciones en de mayo anticipa el estilo de su gestión; echa al suelo y pisotea con descaro la decencia y se atreve a defender la legalidad de apropiarse de lo ajeno: “un contratista viene a poner 1 millón y no lo pone gratis. ¿Cuánto va a ganar por 1 millón? Tenga en cuenta que la Ley permite el 15%, 20%, 25% que es legal, que en este caso el Alcalde lleve para él, el 25%, 30%, el 15%, lo que ellos decidan para su bolsillo”.

Los funcionarios y servidores públicos están obligados a desempeñar un trabajo eficiente dentro del marco legal, sin quedar exentos bajo ninguna circunstancia de responsabilidades por sus actos u omisiones. Las autoridades están para respetar y hacer respetar la ley. A cambio de cumplir esta obligación son remunerados. En caso de considerar que el sueldo no es suficiente, deberían ocupar su tiempo en actividades más productivas. Esto, es algo de sentido común.

Las leyes jamás podrían recomendar, avalar o permitir coimas, sobornos, dádivas,… o cómo pretende, el alcalde electo, desviar el 15% o hasta el 30% del valor de una obra hacia su bolsillo. Quizás pretenda facturar lo que espera recibir para incrementar su patrimonio. Además de falto de vergüenza, carece de conocimiento de leyes y administración pública. El caso es muy parecido a la recomendación de la asambleísta Cerda, del mismo movimiento político, que tiempo atrás pidió a sus partidarios robar bien, es decir,  sin dejar huellas del ilícito.

En un país con cultura institucional, un persona con este criterio sería vetado y, tal vez, puesto a órdenes de la justicia. Pero, estamos en el Ecuador, donde el robo se llama viveza criolla y los corruptos caminan libres o escapan a vista de todos para disfrutar de lo robado.