Vacaciones pagadas / Fabricio Dávila Espinoza

Las vacaciones son un derecho de los trabajadores vinculados a una organización privada o pública. Bajo el paraguas de este derecho, el país cuenta con autoridades que pasan sus días de asueto, ejerciendo el cargo desde la cárcel y hasta cobrando el sueldo.
Específicamente, se trata de los casos del contralor general del Estado, Pablo Celi, quien fue detenido por presunta corrupción, el 13 de abril de este año y del defensor del pueblo, Freddy Carrión, quien protagonizó un incidente de agresión a una mujer dentro de una fiesta en pleno toque de queda, el pasado 16 de mayo. Dos historias diferentes, con elementos comunes y desenlaces parecidos. 
Según la Constitución de la República, la Contraloría es un organismo técnico, en teoría no político, encargado de controlar el uso de los recursos estatales, como parte de la Función de Transparencia y Control Social. Mientras, la Defensoría del Pueblo es la institución que protege los derechos humanos, individuales y colectivos. La importancia de las dos entidades es indudable, como también está fuera de dudas, el obscuro panorama del país, al ver que los principales funcionarios de las instituciones regentes de control del Estado guardan prisión al mismo tiempo y sin perder sus funciones hasta hoy. Esto es una radiografía del estado actual de la ética en la función pública, porque al final, las leyes permiten eso y mucho más. 
Uno de los detenidos, al haber dado positivo para coronavirus, estuvo con permiso médico y ahora podría solicitar dos meses de vacaciones acumuladas para aferrase al cargo. El otro inculpado, terminó el jueves de la semana anterior los 30 días de vacaciones que solicitó luego de ser detenido y tendría que presentarse a su trabajo inmediatamente. Aunque en nuestro país las sorpresas existen, parecería imposible que esto suceda. Las dos instituciones siguen funcionando con sus primeas autoridades ausentes, de vacaciones o encerradas.  
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), no quiere quedarse con las manos cruzadas. Ante la ausencia definitiva del Defensor, el Cpccs podría encargar el puesto a otra persona. En este caso, solamente habría que esperar el plazo para decretar el abandono del puesto. Al mismo tiempo el Cpccs anuncia un proyecto para reglamentar un concurso que permita elegir a un nuevo Contralor. Sea lo que sea, lo único cierto por ahora, es que los detenidos, gozaban o gozan de vacaciones pagadas y desde la cárcel seguían o siguen dando órdenes. Así avanza la nación.